El derecho fundamental de
asociación, reconocido por la propia Constitución Española, y desarrollado por
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación
(modificación dada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), marca las medidas
de fomento para las asociaciones de utilidad pública, a las que considera
instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general, lo
que redundará decisivamente en beneficio de la colectividad, sobre todo en el
papel de representar los interese de los ciudadanos ante los poderes públicos.
En este particular, no cabe
obviar el papel que ha venido
desempeñando la FAV Aguere, por un lado como representativa del conjunto de las
distintas asociaciones federadas que la constituye, pero por el otro, como núcleo
y epicentro dinamizador e impulsor de acciones y proyectos participativos de
interés general.
Este reconocimiento otorgado
a la FAV Aguere, tiene su valor, pero no desde el punto de vista institucional
como un de premio o distinción que se exhibe en una vitrina, sino que conlleva
anexado, como anteriormente hemos apreciado, determinados privilegios o
beneficios de índole económico y fiscal, que entre otras, destacamos:
Primero: La concesión por
las Administraciones Públicas de subvenciones y ayudas económicas destinadas a
la financiación de su actividad, en una proporción adecuada para su desarrollo.
Sobre este particular, instamos al
Ayuntamiento de San Cristóbal de La laguna a la consignación de una subvención
de carácter directo a favor de la FAV Aguere, como entidad de utilidad pública
municipal, con cargo a su presupuesto municipal que hoy se eleva a su
aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno, con la finalidad de hacer frente
a los costes y gastos originados de su mantenimiento y funcionamiento, así como, los mismos derivados de su
actividad.
Segundo: Aplicación de los beneficios fiscales, con las
exenciones marcadas por la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Ley
2/2004, de 5 de marzo), en lo referente a las tasas, precios públicos e
impuestos, que como entidad de utilidad públicas municipal le vienen reconocidos
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